España se opone al plan de la UE para ‘centros de retorno’ en alta mar mientras el Parlamento aprueba normas migratorias más estrictas

El 17 de junio, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que permite a los Estados miembros detener a migrantes irregulares hasta por dos años y establecer “centros de retorno” fuera del territorio de la UE, donde los deportados esperarían su repatriación. Aunque el paquete fue aprobado con 418 votos a favor y 218 en contra, España se unió a Francia para oponerse a la financiación de estos centros extraterritoriales durante la reunión del Consejo del martes. Madrid sostiene que externalizar la detención vulnera derechos fundamentales y simplemente traslada la carga humanitaria a terceros países. En cambio, el gobierno de Sánchez apuesta por medidas de regularización (como el RD 316/2026) e inversión en programas de empleo en los países de origen. Sin embargo, los partidos de derecha acusan al gobierno de hipocresía, señalando que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla operan centros de preexpulsión que los críticos comparan con estos centros de facto. Para los actores del ámbito migratorio, la nueva regulación europea podría complicar la evaluación de riesgos de expulsión. Los trabajadores no comunitarios que excedan su estancia en España podrían ser trasladados a estos centros en 2027, una vez firmados los acuerdos bilaterales. Por ello, las empresas deben reforzar sus sistemas de control de salidas y asegurarse de que sus empleados no superen los límites de 90/180 días en el espacio Schengen. La ley aún requiere la aprobación formal del Consejo, un trámite previsto antes del receso de verano, pero la mayoría de sus disposiciones entrarán en vigor inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial, dejando a España un margen de maniobra limitado.