
El primer ministro británico, Andy Burnham, se reúne hoy en Bruselas con líderes de la UE en una cumbre destinada a redefinir las relaciones post-Brexit. Según Le Monde, los negociadores esperan cerrar tres acuerdos: reconocimiento mutuo de permisos de comercio de emisiones, un pacto veterinario y fitosanitario (SPS) para facilitar las inspecciones de mercancías, y un programa de movilidad “experiencia juvenil” que permitiría a miles de menores de 30 años vivir y trabajar en ambos lados del Canal durante hasta dos años sin trámites completos de permiso laboral.
Aunque las conversaciones son a nivel europeo, Bélgica —la capital de facto— acoge la cumbre y será responsable de aplicar futuros corredores SPS en Zeebrugge y Amberes, principales puntos de entrada para el comercio Reino Unido-UE. Funcionarios aduaneros belgas aseguran que un acuerdo podría reducir las inspecciones físicas de productos agroalimentarios en más del 70%, liberando a los veterinarios para controles puntuales basados en riesgos y agilizando el tránsito de camiones.
Las reacciones empresariales son mixtas. Exportadores de farmacéuticos y alimentos celebran la posibilidad de menos retrasos por control de temperatura, pero las empresas logísticas advierten que las declaraciones aduaneras seguirían siendo necesarias a menos que se acuerden también interfaces para el intercambio de datos. El plan de movilidad juvenil podría beneficiar a las startups tecnológicas belgas, que tienen dificultades para contratar graduados anglófonos, aunque aspectos como el tamaño de las cuotas y la cobertura de la seguridad social siguen siendo puntos conflictivos.
En el plano político, Bélgica ha presionado para que Londres aporte fondos a los programas de cohesión de la UE, argumentando —al igual que Alemania, Dinamarca y Países Bajos en una carta conjunta del 6 de noviembre— que el acceso al mercado debe ir acompañado de pagos solidarios. Observadores advierten que esta cuestión presupuestaria podría aún descarrilar la cumbre, posponiendo cualquier esquema de movilidad hasta 2027.
Aunque las conversaciones son a nivel europeo, Bélgica —la capital de facto— acoge la cumbre y será responsable de aplicar futuros corredores SPS en Zeebrugge y Amberes, principales puntos de entrada para el comercio Reino Unido-UE. Funcionarios aduaneros belgas aseguran que un acuerdo podría reducir las inspecciones físicas de productos agroalimentarios en más del 70%, liberando a los veterinarios para controles puntuales basados en riesgos y agilizando el tránsito de camiones.
Las reacciones empresariales son mixtas. Exportadores de farmacéuticos y alimentos celebran la posibilidad de menos retrasos por control de temperatura, pero las empresas logísticas advierten que las declaraciones aduaneras seguirían siendo necesarias a menos que se acuerden también interfaces para el intercambio de datos. El plan de movilidad juvenil podría beneficiar a las startups tecnológicas belgas, que tienen dificultades para contratar graduados anglófonos, aunque aspectos como el tamaño de las cuotas y la cobertura de la seguridad social siguen siendo puntos conflictivos.
En el plano político, Bélgica ha presionado para que Londres aporte fondos a los programas de cohesión de la UE, argumentando —al igual que Alemania, Dinamarca y Países Bajos en una carta conjunta del 6 de noviembre— que el acceso al mercado debe ir acompañado de pagos solidarios. Observadores advierten que esta cuestión presupuestaria podría aún descarrilar la cumbre, posponiendo cualquier esquema de movilidad hasta 2027.
Fuente: Le Monde