El Gobierno andaluz aprobó el 14 de diciembre la licitación de 36,9 millones de euros para crear 440 plazas de acogida residencial dirigidas a menores extranjeros no acompañados (MENAs). La mitad de las plazas se localizarán en Cádiz y Granada —dos de las provincias con mayor presión de llegadas—, mientras que el resto se distribuirá entre Almería, Málaga, Sevilla y Córdoba. El contrato, con dos años de duración y posibilidad de prórroga por otros dos, eleva a 690 la capacidad total de acogida autonómica tras sumar programas de inserción sociolaboral financiados con Fondos Europeos.
Las nuevas plazas responden a los cambios de las rutas migratorias que han desplazado parte de los flujos desde Canarias hacia las costas andaluzas y al Real Decreto-ley 2/2025 que habilita un reparto solidario de menores entre comunidades. No obstante, la Junta mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal por considerar que invade competencias autonómicas y establece criterios de reparto «no equitativos».
![Andalucía destina 36,9 millones a 440 nuevas plazas para menores migrantes no acompañados]()
Para el ecosistema de movilidad global, la medida es relevante porque incide en la capacidad de España para gestionar la llegada de mano de obra futura: una parte de estos jóvenes accede a permisos de residencia y trabajo al cumplir la mayoría de edad, nutriendo sectores con déficit de personal cualificado y no cualificado.
Las empresas con programas de responsabilidad social y políticas de diversidad pueden explorar convenios de prácticas y formación con estos centros, en línea con la Estrategia Nacional para la Integración de la Población Migrante. Además, la agilización de los procesos de documentación —incluida la concesión del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)— reducirá los plazos para que los jóvenes entren en el mercado laboral formal.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos recuerdan que la calidad de la acogida depende del número de educadores por menor y de la oferta formativa. Para evitar cuellos de botella, los operadores de movilidad corporativa deben coordinarse con las administraciones a la hora de patrocinar becas o itinerarios de inserción, garantizando un acompañamiento lingüístico y psicológico adecuado.
Las nuevas plazas responden a los cambios de las rutas migratorias que han desplazado parte de los flujos desde Canarias hacia las costas andaluzas y al Real Decreto-ley 2/2025 que habilita un reparto solidario de menores entre comunidades. No obstante, la Junta mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal por considerar que invade competencias autonómicas y establece criterios de reparto «no equitativos».
Para el ecosistema de movilidad global, la medida es relevante porque incide en la capacidad de España para gestionar la llegada de mano de obra futura: una parte de estos jóvenes accede a permisos de residencia y trabajo al cumplir la mayoría de edad, nutriendo sectores con déficit de personal cualificado y no cualificado.
Las empresas con programas de responsabilidad social y políticas de diversidad pueden explorar convenios de prácticas y formación con estos centros, en línea con la Estrategia Nacional para la Integración de la Población Migrante. Además, la agilización de los procesos de documentación —incluida la concesión del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)— reducirá los plazos para que los jóvenes entren en el mercado laboral formal.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos recuerdan que la calidad de la acogida depende del número de educadores por menor y de la oferta formativa. Para evitar cuellos de botella, los operadores de movilidad corporativa deben coordinarse con las administraciones a la hora de patrocinar becas o itinerarios de inserción, garantizando un acompañamiento lingüístico y psicológico adecuado.
Source: Europa Press / Teleprensa
