
En una entrevista en BBC Breakfast el 14 de enero, la ministra de Hacienda Rachel Reeves reiteró que la prueba de derecho a trabajar será obligatoriamente digital, pero destacó que está “bastante tranquila” respecto a la forma que tome dicha prueba. Este comentario confirma que el gobierno laborista ha abandonado su insistencia previa en una única tarjeta de identidad digital nacional.
Con el nuevo enfoque, los trabajadores podrán demostrar su elegibilidad con cualquier credencial digital emitida por el Ministerio del Interior: un chip electrónico de pasaporte, un registro en línea de eVisa o una futura BritCard. Reeves argumentó que el cambio busca enfocar los recursos de control en el empleo ilegal, en lugar de construir un sistema de identificación monolítico: “Lo que importa es la verificación, no el documento que la respalde”, afirmó.
El exministro del Interior David Blunkett advirtió que los mensajes contradictorios pueden confundir tanto a empleadores como a migrantes. Especialistas legales también señalan que un ecosistema con múltiples credenciales complicará el diseño del software de incorporación, al menos hasta que se definan los estándares técnicos.
Para los empleadores globales, la señal es clara: invertir en sistemas capaces de manejar múltiples APIs del Ministerio del Interior y almacenar registros de consentimiento que demuestren que los trabajadores autorizaron cada verificación. Las empresas que ya utilizan el Esquema de Asentamiento de la UE y los códigos compartidos de eVisa tendrán una ventaja, pero deben auditar sus procesos para asegurar que los datos capturados de los ePasaportes se gestionen conforme al RGPD.
El anuncio llega en un momento en que el gobierno acelera su agenda de digitalización fronteriza, incluyendo la plena aplicación de las Autorizaciones Electrónicas de Viaje (ETA) a partir de febrero de 2026 y el cambio a eVisas para nuevas solicitudes de trabajadores extranjeros desde hoy, 15 de enero de 2026.
Con el nuevo enfoque, los trabajadores podrán demostrar su elegibilidad con cualquier credencial digital emitida por el Ministerio del Interior: un chip electrónico de pasaporte, un registro en línea de eVisa o una futura BritCard. Reeves argumentó que el cambio busca enfocar los recursos de control en el empleo ilegal, en lugar de construir un sistema de identificación monolítico: “Lo que importa es la verificación, no el documento que la respalde”, afirmó.
El exministro del Interior David Blunkett advirtió que los mensajes contradictorios pueden confundir tanto a empleadores como a migrantes. Especialistas legales también señalan que un ecosistema con múltiples credenciales complicará el diseño del software de incorporación, al menos hasta que se definan los estándares técnicos.
Para los empleadores globales, la señal es clara: invertir en sistemas capaces de manejar múltiples APIs del Ministerio del Interior y almacenar registros de consentimiento que demuestren que los trabajadores autorizaron cada verificación. Las empresas que ya utilizan el Esquema de Asentamiento de la UE y los códigos compartidos de eVisa tendrán una ventaja, pero deben auditar sus procesos para asegurar que los datos capturados de los ePasaportes se gestionen conforme al RGPD.
El anuncio llega en un momento en que el gobierno acelera su agenda de digitalización fronteriza, incluyendo la plena aplicación de las Autorizaciones Electrónicas de Viaje (ETA) a partir de febrero de 2026 y el cambio a eVisas para nuevas solicitudes de trabajadores extranjeros desde hoy, 15 de enero de 2026.
Fuente: The Guardian
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