Un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó el 10 de julio que el gobierno del Reino Unido actuó de manera ilegal al negar ciertas garantías procesales a los migrantes transferidos a Francia bajo el acuerdo ‘uno entra, uno sale’ de 2023. La decisión, que no puede ser apelada sin autorización, podría obligar a ambos gobiernos a renegociar los protocolos operativos en los controles yuxtapuestos de Calais, Coquelles y Dunkerque. El fallo determinó que los solicitantes de asilo no tenían acceso adecuado a asesoría legal y que las órdenes de expulsión se emitían sin evaluaciones individuales de proporcionalidad. ONG francesas celebraron el veredicto, argumentando que la política había provocado devoluciones arbitrarias que saturaban la capacidad de acogida local. Según datos parlamentarios, solo en la primera mitad de 2026 se readmitieron 951 personas en Francia. Entre las consecuencias a corto plazo se incluyen posibles pausas en las transferencias programadas mientras los abogados del Ministerio del Interior revisan los casos. Operadores de Eurostar y ferris podrían enfrentar tiempos más largos en el control de embarque si la Fuerza Fronteriza del Reino Unido incrementa las entrevistas in situ. Los viajeros de negocios que viajen con nacionales de terceros países deben asegurarse de que su documentación de visado y residencia esté en regla para evitar retrasos adicionales. Para las empresas multinacionales que operan en el norte de Francia, el fallo podría agravar las tensiones en el mercado laboral local si las instalaciones de acogida siguen saturadas. Los equipos de responsabilidad social corporativa que colaboran con programas de contratación de refugiados deberían estar atentos a posibles modificaciones en los acuerdos bilaterales de Le Touquet que sustentan los controles yuxtapuestos.
Fuente: Euronews
