El alojamiento para solicitantes de asilo en Irlanda supera los 33,170 residentes mientras las llegadas semanales se mantienen estables

El Servicio de Alojamiento para la Protección Internacional (IPAS) del Departamento de Justicia publicó sus últimas estadísticas semanales correspondientes al periodo hasta el 22 de febrero de 2026. El informe revela que 33,170 solicitantes de asilo están alojados en 309 centros a nivel nacional, lo que representa una ligera disminución de 71 residentes desde finales de año, pero sigue siendo una cifra récord para un mes de febrero. Los hombres solteros constituyen el 52% de los 199 nuevos ingresos de la semana, mientras que los niños representan el 27%. Nigeria (8,043 residentes) sigue siendo la nacionalidad mayoritaria en los alojamientos de IPAS, seguida por Somalia y Pakistán. El uso de hoteles de emergencia se ha reducido a un solo centro, pero los campamentos con tiendas de campaña aún albergan a 6,911 personas debido a las presiones de capacidad durante el invierno.

Impacto en la movilidad empresarial: las empresas que gestionan carteras de viviendas corporativas están experimentando efectos colaterales, con inventarios de hoteles de larga estancia desviados a IPAS y un aumento de las tarifas en el mercado de alquiler privado para empleados desplazados. Varios proveedores de reubicación reportan listas de espera de hasta seis semanas para alojamiento temporal en Dublín y Cork.



Contexto político: el Proyecto de Ley de Protección Internacional 2026 del Gobierno busca agilizar los procesos y reducir la dependencia de hoteles comerciales, pero aún no ha superado la etapa de Comité en el Dáil. Mientras tanto, el Departamento organizó la semana pasada un vuelo de deportación a Sudáfrica y está ampliando el apoyo para retornos voluntarios, señalando una postura más estricta frente a las solicitudes infundadas.

Recomendaciones prácticas: los equipos de movilidad global que envían expatriados a Irlanda deberían (1) presupuestar para estancias temporales prolongadas y (2) contactar con proveedores de servicios en destino con antelación, especialmente en casos de traslados familiares. Los empleadores con solicitantes de protección internacional en su plantilla —común en sectores como la agricultura y la industria alimentaria— deben vigilar los tiempos de tramitación, que actualmente promedian 18 meses, y planificar extensiones contractuales en consecuencia.