El diario austríaco The Austrian News Journal informó el 8 de octubre de 2026 que Austria y otros cuatro países de la UE han acordado un calendario acelerado para abrir en 2027 los primeros “centros de retorno” extraterritoriales para solicitantes de asilo rechazados. Según unas actas filtradas de una reunión sherpa celebrada el 5 de octubre en Copenhague, los socios —Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos— tienen previsto firmar acuerdos marco con Ruanda y Uzbekistán antes de fin de año. La contribución de Austria se centrará en financiar módulos de formación profesional en estos centros, basándose en su experiencia con las subvenciones de reintegración ‘Jobs Plus’ ya utilizadas para retornos voluntarios. El Ministerio del Interior considera que combinar la formación de habilidades con alojamiento seguro aumentará la aceptación de las órdenes de deportación y reducirá las fugas dentro del espacio Schengen. ONG de derechos humanos han criticado el plan, advirtiendo que el estatus legal de los detenidos en terceros países sigue siendo incierto. El gobierno austríaco responde que los centros serán instalaciones abiertas, conformes a los estándares del ACNUR y sometidas a una supervisión conjunta de la UE. Las empresas que emplean a nacionales de terceros países con permisos de trabajo austríacos deben tener en cuenta que, en el marco de una reforma administrativa paralela, el Servicio de Mercado Laboral de Viena (AMS) reducirá a partir de enero los tiempos de tramitación de las tarjetas Red-Blanco-Rojo a 90 días; no renovar a tiempo podría implicar el traslado a uno de estos centros una vez que el sistema esté operativo. La Comisión Europea aún no ha respaldado la iniciativa, pero ha mostrado una “participación constructiva”. Se espera una decisión formal piloto en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en diciembre.
