
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió el domingo 15 de marzo una carta a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la que advierte de que la guerra abierta en Oriente Próximo puede desencadenar *“en cualquier momento”* nuevos flujos de solicitantes de protección internacional hacia la Unión. Bruselas reclama a los Estados —entre ellos España, uno de los países de primera línea en la ruta Mediterránea y Atlántica— que **movilicen con carácter preventivo todos los instrumentos que ofrece el recién aprobado Pacto de Asilo y Migración**, cuya entrada en vigor plena está prevista para junio de 2026. La misiva subraya tres frentes que preocupan particularmente a la Comisión: 1. Los cuatro millones de refugiados afganos que viven en Irán y podrían emprender ruta hacia Europa si el conflicto se cronifica; 2. El impacto humanitario en Líbano y Siria, con riesgo de desplazamientos secundarios; 3. La presión que ya acusan países de tránsito como Turquía o Egipto. Para Von der Leyen, la prioridad ahora es **cerrar la negociación del nuevo Reglamento de Retornos**, pieza que permitirá crear centros de deportación en terceros países y acelerar los procedimientos. El Ejecutivo comunitario anima además a activar planes de contingencia en las fronteras exteriores —entre ellas las españolas de Canarias, Ceuta y Melilla— y a reforzar los acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito. El Gobierno español, que gestiona la Presidencia rotatoria del Consejo hasta junio, recibe el mensaje en plena temporada alta de llegadas por la ruta atlántica. Según fuentes del Ministerio de Inclusión y Migraciones, se trabaja ya con la Guardia Civil y Frontex para **reprogramar efectivos y medios marítimos** ante un eventual aumento de pateras procedentes de Mauritania y Senegal. Las comunidades autónomas que albergan plazas de acogida (Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) han sido alertadas para actualizar sus planes de capacidad de emergencia. Para las empresas con movilidad internacional —especialmente las que desplazan personal a proyectos en el Norte de África y Oriente Próximo— el principal impacto a corto plazo será administrativo: se esperan **controles más exigentes de visado y una fiscalización reforzada de certificados de desplazamiento** (A1, formularios Schengen, etc.). Los departamentos de Global Mobility deberán prever tiempos de tramitación más largos y revisar las pólizas de evacuación y duty of care, sobre todo para expatriados en la región del Golfo.
Source: El País
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