
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nota aclaratoria que precisa cómo se evaluarán los informes policiales exigidos a los solicitantes de la regularización extraordinaria. La existencia de antecedentes no supondrá, por sí sola, la denegación del permiso; se valorará caso por caso el riesgo real para el orden público, la seguridad o la salud. La medida busca disipar temores de ONG y colegios de abogados que advertían de una posible exclusión masiva de personas con infracciones menores.
En este contexto, quienes necesiten asesoramiento práctico para tramitar visados, permisos o certificados pueden apoyarse en VisaHQ, una plataforma que gestiona documentos migratorios de forma ágil y personalizada; más información en
El Ministerio del Interior subraya que la evaluación será “proporcional y garantista” y que se dará al solicitante un plazo adicional si el país de origen tarda en emitir el certificado de antecedentes. Para los departamentos de movilidad y los empleadores que planean contratar a trabajadores regularizados, la aclaración reduce el riesgo de que candidaturas avanzadas queden bloqueadas por delitos leves o administrativos. Además, agilizará la emisión de autorizaciones de trabajo de un año que permitirán, tras su vencimiento, pasar al régimen general. La publicación coincide con el cierre del periodo de presentación de solicitudes y refuerza la narrativa gubernamental de un proceso “legal, seguro y ordenado”, en respuesta a las críticas de la oposición.
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