En la semana en que el Gobierno confirmó que 1,17 millones de personas solicitaron la regularización extraordinaria, el Partido Popular (PP) ha intensificado su ofensiva mediática acusando al Ejecutivo de crear una “fábrica de votantes” y mezclando deliberadamente la medida con la denominada ‘ley de nietos’. La estrategia pasa por vincular la concesión de residencia a inmigrantes ya asentados con la posibilidad de obtener nacionalidad para descendientes de españoles en el exterior, dos procesos jurídicos totalmente distintos.
![El PP siembra dudas sobre la regularización masiva y la ‘ley de nietos’ en plena recta final del proceso]()
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Expertos consultados por Cadena SER advierten de que la maniobra busca generar confusión e inflamar el debate público justo cuando se inicia la fase de resolución de expedientes y cuando los partidos preparan la precampaña para las elecciones generales de noviembre. Para las empresas que dependen de talento extranjero —desde hostelería y agricultura hasta IT— la incertidumbre política añade presión a sus planes de plantilla: temen que un cambio de gobierno ralentice autorizaciones o introduzca requisitos adicionales. El Ministerio de Inclusión insiste en que los solicitantes regularizados no obtendrán derecho a voto y que el objetivo es aflorar economía sumergida y cubrir déficits de mano de obra. Los responsables de movilidad corporativa deberán monitorizar el discurso político: una narrativa anti-inmigración más dura podría traducirse en inspecciones laborales más estrictas o en restricciones regionales, como ya plantean algunos ejecutivos autonómicos. Por el momento, los plazos de tres meses para resolver expedientes siguen en pie y el Gobierno confía en emitir las primeras tarjetas de residencia antes de octubre.
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