La Asociación Nacional WIC (NWA) emitió un contundente comunicado el 20 de julio, condenando la regla final de la administración Trump que amplía el criterio de inadmisibilidad por “carga pública”. Publicada en el Registro Federal el pasado jueves y con vigencia a partir del 18 de septiembre, la norma revoca las directrices anteriores sin especificar qué beneficios públicos podrían provocar la denegación de visas o solicitudes de residencia. Bajo la política previa, solo la asistencia en efectivo, como TANF o el cuidado institucional a largo plazo, se consideraba para determinar la carga pública. La nueva regla sugiere que “cualquier beneficio sujeto a prueba de recursos” podría ser tomado en cuenta e incluso indica que los beneficios utilizados por familiares dependientes podrían afectar a los solicitantes. La presidenta de NWA, Georgia Machell, advirtió que esta ambigüedad generará un “efecto disuasorio”, alejando a padres inmigrantes de programas como WIC, que brindan nutrición vital a mujeres embarazadas y niños. Un efecto similar se documentó tras una propuesta más limitada sobre carga pública en 2019, cuando la participación de hogares inmigrantes en WIC cayó drásticamente a nivel nacional. Para empleadores que patrocinan tarjetas verdes familiares o transferencias intraempresariales, la regla introduce una nueva incertidumbre en la planificación de movilidad a largo plazo. Los equipos de recursos humanos deben aconsejar al personal extranjero documentar seguros médicos privados y suficiencia de ingresos, además de consultar con abogados de inmigración antes de inscribir a familiares en beneficios públicos. Defensores legales anticipan demandas argumentando que el DHS no estableció criterios claros y desestimó pruebas de daños a la salud pública. Hasta que los tribunales intervengan, los actores de movilidad global deben monitorear campañas estatales de divulgación para contrarrestar la desinformación y mantener accesibles los programas esenciales de salud y nutrición.
