ONG convierte oficina en refugio tras perder vivienda estatal 23 migrantes indios

El grupo de derechos humanos Kisa lanzó la alarma el viernes después de que los Servicios de Bienestar Social suspendieran de forma abrupta el apoyo en alojamiento y alimentación para 23 ciudadanos indios, dejándolos prácticamente sin hogar durante una ola de calor que ha elevado las temperaturas interiores por encima de los 40 °C. Los migrantes, víctimas de una presunta estafa de intermediarios laborales en Limassol, fueron informados el martes de que debían desalojar las habitaciones proporcionadas por el Estado porque había expirado un periodo de asistencia de seis meses. Al no poder trabajar hasta obtener nuevos permisos laborales, no contaban con fondos para alquilar por su cuenta. Kisa respondió convirtiendo parte de su sede en Nicosia en un dormitorio improvisado, aunque reconoció que el espacio es “totalmente inadecuado para uso residencial”. El Viceministerio de Migración de Chipre defendió la política, argumentando que la capacidad limitada de recepción debe priorizar a los recién llegados. Insiste en que los 23 afectados pueden solicitar vales de emergencia si buscan activamente empleadores autorizados. Abogados laborales señalan que el actual sistema de patrocinio atrapa a los migrantes en una dependencia de intermediarios, lo que a menudo conduce a la explotación. El incidente reaviva el debate sobre la fragmentada red de acogida en Chipre. A diferencia de muchos países de la UE, la isla carece de un esquema sólido de transición que conecte a los trabajadores explotados con vías legales de empleo, una carencia que, según grupos empresariales, también priva a sectores como la agricultura y la hostelería de mano de obra disponible. Kisa ha solicitado medidas provisionales, instando a las empresas con cupos aprobados a considerar la contratación de estos trabajadores varados y pidiendo a los municipios que abran refugios climáticos hasta encontrar una solución habitacional formal.