Un juez federal en Boston asestó un duro revés a la administración Trump en su intento de aumentar el costo de las visas temporales para trabajadores especializados. En una decisión de 18 páginas emitida la mañana del 24 de julio, el juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., James E. Boasberg, concedió una orden judicial preliminar que detiene el plan del gobierno de imponer una tarifa de presentación de 100,000 dólares en cada nueva petición H-1B. El juez determinó que este recargo elevado, anunciado en septiembre pasado y presentado como una “Tarifa de Prioridad para Trabajadores Americanos”, excedía ampliamente la autoridad legal para cobrar tarifas otorgada a USCIS y equivalía a un impuesto inconstitucional sobre empleadores y extranjeros.
El fallo de Boasberg se basó tanto en procedimientos administrativos como en preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda. Señaló que la tarifa excluiría efectivamente a empleadores pequeños y a instituciones del sector público —especialmente distritos escolares K-12 y hospitales rurales— además de limitar la libertad de expresión de investigadores extranjeros cuyo acceso al mercado laboral estadounidense depende de la disponibilidad de visas. El tribunal sostuvo que solo el Congreso, no el poder ejecutivo, puede autorizar un aumento tan drástico en los costos.
![Juez federal bloquea la tarifa de $100,000 para visas H-1B impuesta por la administración Trump]()
En la práctica, la decisión permite que los empleadores que ya están preparando peticiones sujetas al límite del año fiscal 2027 continúen pagando la tarifa base tradicional de 460 dólares (más los recargos habituales por prevención de fraude y ACWIA). USCIS no podrá rechazar ni devolver peticiones por falta de pago de la tarifa de 100,000 dólares mientras la orden esté vigente. La agencia aún no ha emitido directrices, pero los abogados de inmigración recomiendan adjuntar una copia de la orden a las solicitudes en trámite.
Se espera que la administración apele ante el Primer Circuito y ha insinuado que podría intentar reimponer la tarifa mediante un proceso acelerado de reglamentación. Sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que las probabilidades de éxito son bajas, dado que el juez calificó la tarifa como “claramente punitiva” y desconectada del costo real de la tramitación.
Para los empleadores multinacionales, el fallo elimina una gran incertidumbre financiera justo cuando comienza la temporada de reclutamiento de otoño, y también podría disuadir a legislaturas estatales de adoptar recargos similares a nivel local. A largo plazo, el razonamiento de Boasberg podría limitar la capacidad del poder ejecutivo para usar las tarifas de visas como herramienta política, obligando al Departamento de Seguridad Nacional a seguir vías regulatorias más tradicionales o a solicitar nuevos fondos al Congreso cuando quiera reformar los programas de inmigración laboral.
El fallo de Boasberg se basó tanto en procedimientos administrativos como en preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda. Señaló que la tarifa excluiría efectivamente a empleadores pequeños y a instituciones del sector público —especialmente distritos escolares K-12 y hospitales rurales— además de limitar la libertad de expresión de investigadores extranjeros cuyo acceso al mercado laboral estadounidense depende de la disponibilidad de visas. El tribunal sostuvo que solo el Congreso, no el poder ejecutivo, puede autorizar un aumento tan drástico en los costos.
En la práctica, la decisión permite que los empleadores que ya están preparando peticiones sujetas al límite del año fiscal 2027 continúen pagando la tarifa base tradicional de 460 dólares (más los recargos habituales por prevención de fraude y ACWIA). USCIS no podrá rechazar ni devolver peticiones por falta de pago de la tarifa de 100,000 dólares mientras la orden esté vigente. La agencia aún no ha emitido directrices, pero los abogados de inmigración recomiendan adjuntar una copia de la orden a las solicitudes en trámite.
Se espera que la administración apele ante el Primer Circuito y ha insinuado que podría intentar reimponer la tarifa mediante un proceso acelerado de reglamentación. Sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que las probabilidades de éxito son bajas, dado que el juez calificó la tarifa como “claramente punitiva” y desconectada del costo real de la tramitación.
Para los empleadores multinacionales, el fallo elimina una gran incertidumbre financiera justo cuando comienza la temporada de reclutamiento de otoño, y también podría disuadir a legislaturas estatales de adoptar recargos similares a nivel local. A largo plazo, el razonamiento de Boasberg podría limitar la capacidad del poder ejecutivo para usar las tarifas de visas como herramienta política, obligando al Departamento de Seguridad Nacional a seguir vías regulatorias más tradicionales o a solicitar nuevos fondos al Congreso cuando quiera reformar los programas de inmigración laboral.
Fuente: Fox News
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