
Una nueva era para la gestión migratoria europea – y belga – comenzó a la medianoche del 12 de junio de 2026, cuando entró en vigor el tan esperado Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo. Para Bélgica, que procesa más de 35 000 solicitudes de asilo al año, este paquete legislativo de diez leyes implica cambios inmediatos en el Aeropuerto de Bruselas, el Puerto de Amberes y en todos los centros federales de acogida.
Las nuevas normas establecen un control de seguridad obligatorio y un registro biométrico para todas las llegadas irregulares en un plazo de siete días, utilizando una base de datos Eurodac renovada y un procedimiento fronterizo estandarizado que puede realizarse en zonas de tránsito. La Oficina de Inmigración belga (DVZ/IBZ) ha dedicado el último año a contratar 360 nuevos agentes y a ampliar la instalación de control en Steenokkerzeel para cumplir con estos requisitos, aunque las autoridades reconocen que la plena operatividad “aún está en proceso”.
Las empresas que dependen de transferencias intracorporativas o visados humanitarios enfrentarán plazos más estrictos: si Bélgica alcanza su cuota anual en el nuevo “fondo de solidaridad” de la UE, deberá contribuir económicamente o reubicar a los solicitantes en otros estados miembros con menor carga. Esto genera mayor incertidumbre para los empleadores sobre cuándo llegará realmente el trabajador transferido a suelo belga.
En el lado positivo, el pacto sustituye el antiguo sistema “Dublín”, que acumulaba retrasos casi permanentes, por un plazo fijo de decisión de cuatro meses y un mayor apoyo a nivel europeo para los retornos voluntarios. Los defensores de la reforma en el sector empresarial belga esperan una tramitación más rápida de los permisos para trabajadores clave y una reducción de los movimientos secundarios que obligan a las empresas a presentar nuevas solicitudes.
El gobierno también se ha comprometido a mantener corredores humanitarios para nacionales afganos y ucranianos, utilizando el nuevo mecanismo de patrocinio del pacto. Sin embargo, las ONG de derechos humanos mantienen su cautela. Vluchtelingenwerk Vlaanderen advierte que los procedimientos acelerados en frontera podrían implicar la detención de familias vulnerables en instalaciones cerradas cerca de Zeebrugge.
La Comisión Europea insiste en que la supervisión de los derechos fundamentales por parte de Frontex y los defensores del pueblo nacionales – junto con el propio Conseil du Contentieux des Étrangers de Bélgica – garantizarán las salvaguardas necesarias. El éxito del pacto en combinar control y humanidad marcará el mercado laboral y el debate político belga en los próximos años.
Las nuevas normas establecen un control de seguridad obligatorio y un registro biométrico para todas las llegadas irregulares en un plazo de siete días, utilizando una base de datos Eurodac renovada y un procedimiento fronterizo estandarizado que puede realizarse en zonas de tránsito. La Oficina de Inmigración belga (DVZ/IBZ) ha dedicado el último año a contratar 360 nuevos agentes y a ampliar la instalación de control en Steenokkerzeel para cumplir con estos requisitos, aunque las autoridades reconocen que la plena operatividad “aún está en proceso”.
Las empresas que dependen de transferencias intracorporativas o visados humanitarios enfrentarán plazos más estrictos: si Bélgica alcanza su cuota anual en el nuevo “fondo de solidaridad” de la UE, deberá contribuir económicamente o reubicar a los solicitantes en otros estados miembros con menor carga. Esto genera mayor incertidumbre para los empleadores sobre cuándo llegará realmente el trabajador transferido a suelo belga.
En el lado positivo, el pacto sustituye el antiguo sistema “Dublín”, que acumulaba retrasos casi permanentes, por un plazo fijo de decisión de cuatro meses y un mayor apoyo a nivel europeo para los retornos voluntarios. Los defensores de la reforma en el sector empresarial belga esperan una tramitación más rápida de los permisos para trabajadores clave y una reducción de los movimientos secundarios que obligan a las empresas a presentar nuevas solicitudes.
El gobierno también se ha comprometido a mantener corredores humanitarios para nacionales afganos y ucranianos, utilizando el nuevo mecanismo de patrocinio del pacto. Sin embargo, las ONG de derechos humanos mantienen su cautela. Vluchtelingenwerk Vlaanderen advierte que los procedimientos acelerados en frontera podrían implicar la detención de familias vulnerables en instalaciones cerradas cerca de Zeebrugge.
La Comisión Europea insiste en que la supervisión de los derechos fundamentales por parte de Frontex y los defensores del pueblo nacionales – junto con el propio Conseil du Contentieux des Étrangers de Bélgica – garantizarán las salvaguardas necesarias. El éxito del pacto en combinar control y humanidad marcará el mercado laboral y el debate político belga en los próximos años.
Fuente: Associated Press
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