
El Journal Officiel del 18 de julio de 2026 publica el Decreto 2026-638, que formaliza y pone en vigor un intercambio de cartas entre París y Londres que modifica y prolonga el acuerdo franco-británico de julio de 2025 para prevenir los “cruces peligrosos del Canal”. El pacto revisado, firmado el 2 de junio de 2026 en Londres y el 8 de junio de 2026 en París, extiende las patrullas conjuntas, el intercambio de inteligencia y el despliegue tecnológico a lo largo de la costa norte francesa hasta 2027.
Los cambios operativos clave incluyen: (1) un aumento del 20 % en las horas de vigilancia conjunta con drones y aerostatos franco-británicos; (2) la creación de un nuevo puesto anglo-francés de mando y control en Calais, operativo las 24 horas; y (3) cláusulas de “transporte seguro” que permiten a oficiales británicos acompañar a migrantes interceptados hasta centros de acogida franceses cuando se requiera un examen médico inmediato.
También se actualizan los acuerdos de financiación: el Reino Unido aportará 125 millones de euros en 2026-27, destinados exclusivamente a equipos de detección costera y horas extra para la gendarmería.
Para los gestores de movilidad internacional, el decreto subraya que los servicios de pasajeros a través del Canal podrían enfrentar controles más puntuales este verano, mientras las autoridades integran nuevos sensores y unidades móviles. Los operadores de ferris y Eurotúnel ya han sido informados de patrullas adicionales en las zonas de embarque a partir del 22 de julio. Las empresas deben aconsejar a su personal viajero y a los asignados en traslado que mantengan pasaportes y comprobantes de alojamiento a mano, y que consideren tiempos extra para los traslados en Dover y Folkestone.
En el plano político, la actualización refleja continuidad pese a las próximas elecciones generales en el Reino Unido: ambos gobiernos presentan el acuerdo como una medida de seguridad pública desvinculada de las tensiones más amplias del Brexit. Sin embargo, en Bruselas, varios eurodiputados han cuestionado si la presencia de oficiales británicos en suelo francés cumple con las normas europeas de protección de datos, un debate que podría extenderse a las negociaciones sobre la gobernanza de Schengen a finales de año.
Implicaciones prácticas: los proveedores transfronterizos de servicios que trasladan técnicos entre Reino Unido y Francia deben seguir las alertas de viaje de los operadores y considerar billetes flexibles. Las empresas de reubicación que asisten a ciudadanos británicos en Francia deben tener en cuenta que, aunque el decreto se dirige a la migración irregular, el aumento de la visibilidad policial podría traducirse en controles de estatus más frecuentes cerca de los puertos de ferry del norte.
Los cambios operativos clave incluyen: (1) un aumento del 20 % en las horas de vigilancia conjunta con drones y aerostatos franco-británicos; (2) la creación de un nuevo puesto anglo-francés de mando y control en Calais, operativo las 24 horas; y (3) cláusulas de “transporte seguro” que permiten a oficiales británicos acompañar a migrantes interceptados hasta centros de acogida franceses cuando se requiera un examen médico inmediato.
También se actualizan los acuerdos de financiación: el Reino Unido aportará 125 millones de euros en 2026-27, destinados exclusivamente a equipos de detección costera y horas extra para la gendarmería.
Para los gestores de movilidad internacional, el decreto subraya que los servicios de pasajeros a través del Canal podrían enfrentar controles más puntuales este verano, mientras las autoridades integran nuevos sensores y unidades móviles. Los operadores de ferris y Eurotúnel ya han sido informados de patrullas adicionales en las zonas de embarque a partir del 22 de julio. Las empresas deben aconsejar a su personal viajero y a los asignados en traslado que mantengan pasaportes y comprobantes de alojamiento a mano, y que consideren tiempos extra para los traslados en Dover y Folkestone.
En el plano político, la actualización refleja continuidad pese a las próximas elecciones generales en el Reino Unido: ambos gobiernos presentan el acuerdo como una medida de seguridad pública desvinculada de las tensiones más amplias del Brexit. Sin embargo, en Bruselas, varios eurodiputados han cuestionado si la presencia de oficiales británicos en suelo francés cumple con las normas europeas de protección de datos, un debate que podría extenderse a las negociaciones sobre la gobernanza de Schengen a finales de año.
Implicaciones prácticas: los proveedores transfronterizos de servicios que trasladan técnicos entre Reino Unido y Francia deben seguir las alertas de viaje de los operadores y considerar billetes flexibles. Las empresas de reubicación que asisten a ciudadanos británicos en Francia deben tener en cuenta que, aunque el decreto se dirige a la migración irregular, el aumento de la visibilidad policial podría traducirse en controles de estatus más frecuentes cerca de los puertos de ferry del norte.