
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el 18 de junio una nueva ronda de restricciones de visas dirigidas a personas que, según afirma, están obstaculizando la implementación del Acuerdo de Cese de Hostilidades de noviembre de 2024, que puso fin al conflicto en Tigray, Etiopía. Según el comunicado, la política impedirá la entrada a individuos no identificados del ala dura del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), funcionarios en Addis Abeba y cualquier familiar directo que sea “responsable o cómplice de acciones que socaven la paz y la reconciliación”.
Esta medida de Washington llega tras los enfrentamientos renovados en mayo entre unidades del TPLF y tropas federales en el norte de Etiopía, así como una escalada en la guerra de declaraciones sobre el estatus político de la región. Al endurecer las restricciones de viaje y acceso a Estados Unidos, la administración Biden-Trump busca imponer costos personales a quienes sabotean el proceso, mientras mantiene un compromiso diplomático más amplio con ambas partes.
Las restricciones se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al Secretario de Estado amplia autoridad para negar visas por motivos de política exterior. Para las empresas multinacionales con ejecutivos etíopes o socios en la cadena de suministro, el anuncio genera nueva incertidumbre en la planificación de viajes a EE. UU. Los viajeros de negocios vinculados —ya sea de forma directa o indirecta— a personas sancionadas podrían enfrentar demoras o rechazos en sus solicitudes de visa, y las compañías deberán revisar sus procedimientos de debida diligencia antes de organizar viajes a Estados Unidos.
Asimismo, se recomienda a los empleadores estadounidenses que envían personal a Etiopía en asignaciones de corto plazo que monitoreen las condiciones de seguridad, ya que el Departamento de Estado mantiene su Aviso de Viaje para Etiopía en Nivel 3 (Reconsiderar el viaje). Aunque la medida es específica, precedentes anteriores indican que las prohibiciones de visa dirigidas suelen anticipar sanciones económicas más amplias si no hay cambios en el comportamiento.
Por ello, las empresas con contratos gubernamentales u operaciones humanitarias en el Cuerno de África deberían planificar contingencias, desde rutas alternativas para el personal a través de Nairobi o Addis Abeba, hasta opciones de trabajo remoto en caso de que se restrinja el acceso en terreno. El Departamento de Estado revisará la lista de personas restringidas cada 180 días, dejando abierta la posibilidad de eliminar nombres si hay avances, pero también de ampliar rápidamente la lista si la violencia se reaviva.
Esta medida de Washington llega tras los enfrentamientos renovados en mayo entre unidades del TPLF y tropas federales en el norte de Etiopía, así como una escalada en la guerra de declaraciones sobre el estatus político de la región. Al endurecer las restricciones de viaje y acceso a Estados Unidos, la administración Biden-Trump busca imponer costos personales a quienes sabotean el proceso, mientras mantiene un compromiso diplomático más amplio con ambas partes.
Las restricciones se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al Secretario de Estado amplia autoridad para negar visas por motivos de política exterior. Para las empresas multinacionales con ejecutivos etíopes o socios en la cadena de suministro, el anuncio genera nueva incertidumbre en la planificación de viajes a EE. UU. Los viajeros de negocios vinculados —ya sea de forma directa o indirecta— a personas sancionadas podrían enfrentar demoras o rechazos en sus solicitudes de visa, y las compañías deberán revisar sus procedimientos de debida diligencia antes de organizar viajes a Estados Unidos.
Asimismo, se recomienda a los empleadores estadounidenses que envían personal a Etiopía en asignaciones de corto plazo que monitoreen las condiciones de seguridad, ya que el Departamento de Estado mantiene su Aviso de Viaje para Etiopía en Nivel 3 (Reconsiderar el viaje). Aunque la medida es específica, precedentes anteriores indican que las prohibiciones de visa dirigidas suelen anticipar sanciones económicas más amplias si no hay cambios en el comportamiento.
Por ello, las empresas con contratos gubernamentales u operaciones humanitarias en el Cuerno de África deberían planificar contingencias, desde rutas alternativas para el personal a través de Nairobi o Addis Abeba, hasta opciones de trabajo remoto en caso de que se restrinja el acceso en terreno. El Departamento de Estado revisará la lista de personas restringidas cada 180 días, dejando abierta la posibilidad de eliminar nombres si hay avances, pero también de ampliar rápidamente la lista si la violencia se reaviva.
Fuente: Reuters
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