
En una decisión de 6-3 emitida el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que las personas que se presentan en un puerto de entrada del lado mexicano de la frontera aún no están "dentro" de Estados Unidos y, por lo tanto, no pueden presentar una solicitud de asilo. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Samuel Alito en el caso Mullin contra Al Otro Lado, restablece la práctica de la Patrulla Fronteriza conocida como “metering”, que permite a los agentes rechazar a quienes buscan asilo cuando las limitaciones de personal o infraestructura impiden procesarlos el mismo día. Esta resolución levanta una orden judicial nacional que había bloqueado el metering desde 2021 y otorga al Departamento de Seguridad Nacional la discreción para reactivar el programa de inmediato.
Para los responsables de movilidad corporativa, esta decisión podría prolongar la estancia en México de empleados o contratistas que planean solicitar protección humanitaria en Estados Unidos, complicando la planificación de la responsabilidad y gestión de riesgos en viajes. Además, podría aumentar la presión sobre los centros logísticos y mercados de vivienda temporal en el norte de México, ya que más migrantes esperarán allí para obtener un turno de procesamiento.
El metering se originó durante la administración Obama, se expandió considerablemente en el primer mandato de Donald Trump y fue eliminado por el presidente Biden. El Departamento de Seguridad Nacional en el segundo mandato de Trump argumentó que obligar a los agentes a procesar a todos los que llegan generaría aglomeraciones peligrosas y fomentaría flujos migratorios mayores. La Corte Suprema aceptó ese argumento, sosteniendo que la frase del estatuto “llega a Estados Unidos” requiere un cruce físico.
Los defensores advierten que esta política volverá a generar campamentos improvisados a lo largo de la frontera y empujará a migrantes desesperados a internarse en el desierto con traficantes. Las empresas con operaciones maquiladoras o transfronterizas podrían enfrentar alteraciones en la oferta laboral, mientras que los puertos de entrada estadounidenses podrían experimentar un flujo más ágil para el comercio y viajes legítimos, ya que los agentes recuperan flexibilidad para manejar picos de demanda.
Las compañías deben informar a su personal móvil global sobre este nuevo panorama legal: el permiso humanitario en la frontera terrestre se ha restringido y las solicitudes de asilo ahora deben presentarse únicamente tras la entrada legal o la detención dentro del territorio estadounidense. Los empleadores que habitualmente envían personal a México para asignaciones previas a Estados Unidos deberían revisar sus protocolos de gestión de crisis y considerar ofrecer asesoría migratoria desde etapas más tempranas del proceso de reubicación.
Para los responsables de movilidad corporativa, esta decisión podría prolongar la estancia en México de empleados o contratistas que planean solicitar protección humanitaria en Estados Unidos, complicando la planificación de la responsabilidad y gestión de riesgos en viajes. Además, podría aumentar la presión sobre los centros logísticos y mercados de vivienda temporal en el norte de México, ya que más migrantes esperarán allí para obtener un turno de procesamiento.
El metering se originó durante la administración Obama, se expandió considerablemente en el primer mandato de Donald Trump y fue eliminado por el presidente Biden. El Departamento de Seguridad Nacional en el segundo mandato de Trump argumentó que obligar a los agentes a procesar a todos los que llegan generaría aglomeraciones peligrosas y fomentaría flujos migratorios mayores. La Corte Suprema aceptó ese argumento, sosteniendo que la frase del estatuto “llega a Estados Unidos” requiere un cruce físico.
Los defensores advierten que esta política volverá a generar campamentos improvisados a lo largo de la frontera y empujará a migrantes desesperados a internarse en el desierto con traficantes. Las empresas con operaciones maquiladoras o transfronterizas podrían enfrentar alteraciones en la oferta laboral, mientras que los puertos de entrada estadounidenses podrían experimentar un flujo más ágil para el comercio y viajes legítimos, ya que los agentes recuperan flexibilidad para manejar picos de demanda.
Las compañías deben informar a su personal móvil global sobre este nuevo panorama legal: el permiso humanitario en la frontera terrestre se ha restringido y las solicitudes de asilo ahora deben presentarse únicamente tras la entrada legal o la detención dentro del territorio estadounidense. Los empleadores que habitualmente envían personal a México para asignaciones previas a Estados Unidos deberían revisar sus protocolos de gestión de crisis y considerar ofrecer asesoría migratoria desde etapas más tempranas del proceso de reubicación.
Fuente: Axios
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