Un juez federal de distrito en San Francisco emitió el 24 de junio de 2026 una orden judicial amplia que prohíbe a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a no ciudadanos dentro y alrededor de los tribunales de inmigración en todo Estados Unidos. La decisión de 71 páginas determinó que una política de la era Trump—silenciosamente reactivada en enero de 2025—violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que ICE y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración no ofrecieron “ninguna explicación razonada” para ampliar las detenciones en lugares donde los migrantes buscan protección legal. El juez P. Casey Pitts destacó que las detenciones en los tribunales generan un efecto disuasorio en la disposición de los migrantes a asistir a las audiencias, socavando el sistema de justicia y dificultando la labor de los abogados para representar a sus clientes.
![Juez federal detiene arrestos de ICE en tribunales a nivel nacional]()
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Grupos de derechos civiles celebraron la sentencia como una victoria para el acceso a la justicia, mientras que el asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, la calificó de “activismo judicial descarado.” En la práctica, la orden obliga a las oficinas de ICE a regresar a la guía de 2021, que permitía detenciones en tribunales solo en circunstancias limitadas y basadas en amenazas aprobadas por la alta dirección. Los empleadores deben esperar menos detenciones sorpresivas que interrumpan casos pendientes de asilo o empleo, pero los equipos de cumplimiento deben seguir monitoreando las Notificaciones de Comparecencia y supervisar a los trabajadores con casos activos. Las campañas de Biden y Trump reaccionaron de inmediato: los demócratas la presentaron como una restauración del estado de derecho, mientras que los republicanos prometieron apelar, subrayando cómo la aplicación de la ley migratoria sigue marcando la narrativa electoral de 2026. Se recomienda a los gerentes de recursos humanos actualizar las políticas de movilidad y los protocolos de trabajo con abogados para adaptarse al nuevo panorama de la aplicación de la ley.
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