
En una amplia orden judicial preliminar emitida el 7 de julio de 2026, el juez federal Algenon L. Marbley ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) reanudar la tramitación de solicitudes de autorización de empleo, ajuste de estatus y permiso adelantado que la agencia había suspendido indefinidamente bajo políticas vinculadas a las restricciones de viaje ampliadas por el presidente Trump. La demanda en Ohio fue presentada por 25 extranjeros —desde Birmania hasta Venezuela— que argumentaron que USCIS no tenía autoridad legal para congelar casos presentados por personas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos. El juez Marbley estuvo de acuerdo, calificando la pausa como un “limbo indefinido” incompatible con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este fallo es la segunda decisión judicial federal en dos meses que reprueba las suspensiones basadas en la nacionalidad. El mes pasado, un tribunal de Rhode Island anuló cuatro políticas similares. En conjunto, estas órdenes sugieren que las suspensiones a nivel nacional que no están codificadas en regulación no pueden sobrevivir al escrutinio judicial, incluso cuando se presentan como medidas de seguridad nacional.
En la práctica, la orden debería comenzar a reactivar miles de casos de autorización de empleo (Formulario I-765) y de residencia permanente (Formulario I-485) que han estado inactivos, algunos por más de un año. USCIS tiene 30 días para informar sobre el cumplimiento. Los empleadores con trabajadores cuyos permisos de trabajo expiraron durante la suspensión deben estar atentos a notificaciones de biometría y solicitudes de evidencia, y prepararse para actualizar la documentación I-9 tan pronto lleguen las nuevas tarjetas.
Durante este período de reanudación en la tramitación, muchos solicitantes y equipos de recursos humanos recurren a expertos externos para obtener orientación actualizada. VisaHQ, una plataforma en línea de servicios de visa y pasaporte, puede ayudar a individuos y empresas a seguir los cambios en el estado de sus casos, obtener documentos de viaje rápidamente y mantenerse en cumplimiento con los requisitos cambiantes de USCIS; para más información visite
La decisión no aprueba automáticamente ninguna solicitud; simplemente obliga a USCIS a retomar los tiempos normales de tramitación. Se espera que la Administración presente una apelación, pero dado que la orden es una medida cautelar preliminar, el procesamiento podría reiniciarse tan pronto como a finales de julio. Los solicitantes deben revisar diariamente el estado de sus casos en línea y asegurarse de que sus direcciones estén actualizadas. Para los equipos de movilidad global, el mensaje es mixto: la litigación puede desbloquear procesos estancados, pero la volatilidad en las políticas sigue siendo alta. Las empresas deberían seguir incorporando tiempos adicionales en sus cronogramas de reubicación y considerar estrategias de doble vía —como el procesamiento consular concurrente— hasta que se aclare si tribunales superiores mantendrán la orden.
En la práctica, la orden debería comenzar a reactivar miles de casos de autorización de empleo (Formulario I-765) y de residencia permanente (Formulario I-485) que han estado inactivos, algunos por más de un año. USCIS tiene 30 días para informar sobre el cumplimiento. Los empleadores con trabajadores cuyos permisos de trabajo expiraron durante la suspensión deben estar atentos a notificaciones de biometría y solicitudes de evidencia, y prepararse para actualizar la documentación I-9 tan pronto lleguen las nuevas tarjetas.
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