Un contundente informe de 120 páginas publicado el 8 de julio por la misión de investigación de la Asamblea Nacional pinta un panorama desolador sobre la gestión francesa de la frontera yuxtapuesta entre Reino Unido y Francia en Calais y Dunkerque. Los diputados entrevistaron a policías, autoridades portuarias, ONG y federaciones empresariales, y concluyeron que el sistema actual —basado en 34 acuerdos bilaterales firmados desde 1986— ya no satisface ni las necesidades de seguridad ni las económicas. Los ponentes describen una “crisis humanitaria y logística permanente” en la que miles de personas duermen en la calle cerca de los terminales de ferry, mientras las empresas de transporte pierden millones de euros cada año por retrasos, daños en la carga y primas de seguro más altas. Acusan a los gobiernos sucesivos de permitir que la financiación británica (alrededor de 232 millones de euros desde 2016) dicte las prioridades, resultando en un enfoque centrado únicamente en la seguridad que ha empujado a los migrantes a rutas cada vez más peligrosas. Entre las 17 recomendaciones, los diputados instan a París a reabrir negociaciones con Londres para compartir las responsabilidades en el procesamiento de asilos, ampliar los canales legales de reunificación familiar y crear una unidad conjunta de decisión rápida capaz de emitir visados humanitarios en 72 horas. También piden al Ministerio del Interior que pilote un “corredor inteligente de mercancías” usando sellos digitales inviolables para que los camiones preautorizados en el interior puedan evitar los puntos de control más congestionados del puerto. Para las empresas, el comité propone un esquema de compensación para los transportistas que puedan demostrar pérdidas económicas por retrasos en la frontera, y que la Aduana francesa habilite un carril verde exclusivo para productos perecederos sensibles al tiempo durante los fines de semana de mayor afluencia en verano. Finalmente, los legisladores instan al gobierno a publicar una evaluación anual de impacto para que sea el Parlamento, y no los negociadores del Quai d’Orsay, quien dirija la política fronteriza futura. Si se implementan estas recomendaciones, las empresas que muevan personal o mercancías entre Francia y Reino Unido podrían experimentar cruces más rápidos y menor riesgo de incumplimiento, aunque también podrían enfrentarse a requisitos de diligencia debida más estrictos a medida que el seguimiento digital de mercancías se vuelva obligatorio.
Fuente: Le Monde
