
Italia ha invocado los artículos 25-27 del Código de Fronteras Schengen para restablecer los controles de pasaportes en todos los enlaces aéreos y marítimos con España, tras el cruce masivo de unos 60,000 migrantes hacia la exclave española de Ceuta el 30 de julio. La orden del Ministerio del Interior, firmada a última hora del 31 de julio, entró en vigor a las 00:01 del 1 de agosto y se mantendrá inicialmente por diez días, renovables en bloques de 20 días hasta un máximo de dos meses.
La primera ministra Giorgia Meloni calificó la decisión como “una medida extraordinaria y proporcionada para salvaguardar la seguridad nacional” y evitar movimientos secundarios desde España. Operativamente, los aeropuertos italianos trasladaron durante la noche los vuelos con destino a España a las terminales “B” de Schengen. En el Terminal 1 de Roma-Fiumicino, las aerolíneas fueron instruidas para usar las puertas no Schengen C31-C45, lo que implica un control documental completo a la llegada.
Los operadores de ferris en Civitavecchia, Génova y Cagliari recibieron instrucciones similares; los pasajeros que embarquen desde Barcelona o Valencia deben presentar pasaporte y, si corresponde, visado Schengen antes del embarque y nuevamente al llegar a Italia. La Autoridad de Aviación Civil (ENAC) recomendó a las aerolíneas avisar a los viajeros para que lleguen al menos 90 minutos antes de lo habitual.
Políticamente, esta medida aumenta la presión sobre Madrid y Bruselas. Italia ya ha reintroducido controles terrestres en su frontera con Francia seis veces desde 2023; extender los controles a una frontera marítima y aérea dentro de Schengen es algo sin precedentes. Los críticos argumentan que la medida viola el principio de proporcionalidad, ya que Ceuta está fuera de Europa continental y no hay pruebas de que los migrantes hayan llegado a la España peninsular, mucho menos a Italia.
Los sectores empresariales advirtieron sobre “fricciones inmediatas” en un mercado que mueve 44,000 millones de euros en comercio anual y 12 millones de viajes turísticos de ida y vuelta. Para los gestores de movilidad, las implicaciones prácticas son claras: los viajeros procedentes de España —incluso si solo transitan por Madrid o Barcelona— deben estar preparados para un control migratorio completo al llegar a Italia, incluyendo posibles preguntas sobre el motivo de la estancia, prueba de alojamiento y medios económicos.
Los ciudadanos de la UE mantienen el derecho de entrada, pero enfrentarán colas más largas; los nacionales de terceros países deben asegurarse de que su visado Schengen permita entradas múltiples. Los empleadores deben actualizar las políticas de viaje y alertar al personal sobre posibles retrasos, especialmente en aeropuertos principales.
Aunque la orden enfatiza que es “temporal y específica”, la experiencia muestra que una vez reinstaurados, los controles internos pueden durar meses. Las multinacionales con asignaciones paneuropeas deberían incluir tiempo de contingencia en sus itinerarios, monitorear futuros decretos italianos y considerar rutas alternativas a través de Francia o Suiza si el tiempo es crítico.
La primera ministra Giorgia Meloni calificó la decisión como “una medida extraordinaria y proporcionada para salvaguardar la seguridad nacional” y evitar movimientos secundarios desde España. Operativamente, los aeropuertos italianos trasladaron durante la noche los vuelos con destino a España a las terminales “B” de Schengen. En el Terminal 1 de Roma-Fiumicino, las aerolíneas fueron instruidas para usar las puertas no Schengen C31-C45, lo que implica un control documental completo a la llegada.
Los operadores de ferris en Civitavecchia, Génova y Cagliari recibieron instrucciones similares; los pasajeros que embarquen desde Barcelona o Valencia deben presentar pasaporte y, si corresponde, visado Schengen antes del embarque y nuevamente al llegar a Italia. La Autoridad de Aviación Civil (ENAC) recomendó a las aerolíneas avisar a los viajeros para que lleguen al menos 90 minutos antes de lo habitual.
Políticamente, esta medida aumenta la presión sobre Madrid y Bruselas. Italia ya ha reintroducido controles terrestres en su frontera con Francia seis veces desde 2023; extender los controles a una frontera marítima y aérea dentro de Schengen es algo sin precedentes. Los críticos argumentan que la medida viola el principio de proporcionalidad, ya que Ceuta está fuera de Europa continental y no hay pruebas de que los migrantes hayan llegado a la España peninsular, mucho menos a Italia.
Los sectores empresariales advirtieron sobre “fricciones inmediatas” en un mercado que mueve 44,000 millones de euros en comercio anual y 12 millones de viajes turísticos de ida y vuelta. Para los gestores de movilidad, las implicaciones prácticas son claras: los viajeros procedentes de España —incluso si solo transitan por Madrid o Barcelona— deben estar preparados para un control migratorio completo al llegar a Italia, incluyendo posibles preguntas sobre el motivo de la estancia, prueba de alojamiento y medios económicos.
Los ciudadanos de la UE mantienen el derecho de entrada, pero enfrentarán colas más largas; los nacionales de terceros países deben asegurarse de que su visado Schengen permita entradas múltiples. Los empleadores deben actualizar las políticas de viaje y alertar al personal sobre posibles retrasos, especialmente en aeropuertos principales.
Aunque la orden enfatiza que es “temporal y específica”, la experiencia muestra que una vez reinstaurados, los controles internos pueden durar meses. Las multinacionales con asignaciones paneuropeas deberían incluir tiempo de contingencia en sus itinerarios, monitorear futuros decretos italianos y considerar rutas alternativas a través de Francia o Suiza si el tiempo es crítico.
Fuente: Associated Press / Cadena SER
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