A última hora del sábado, el Tribunal Supremo notificó la admisión a trámite del recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto que regula la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular. La Administración autonómica sostiene que el proceso —que ha recibido más de un millón de solicitudes, el doble de lo previsto inicialmente— “rompe con los criterios históricos de arraigo” y carece de la necesaria participación de las comunidades, que asumirán la prestación de servicios básicos. También cuestiona su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio. La admisión no paraliza el procedimiento, pero abre un frente jurídico que podría desembocar en cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para los empleadores, el riesgo reside en que una eventual anulación parcial genere inseguridad sobre permisos ya concedidos y sobre la capacidad de contratar a los regularizados. Despachos de movilidad recomiendan incluir cláusulas de contingencia en los contratos de expatriados y reforzar el seguimiento legal. Aunque otros gobiernos regionales gobernados por PP-Vox barajan demandas similares, el Ministerio de Inclusión confía en la solidez del decreto y recuerda que procesos de regularización de 2000, 2001 y 2005 superaron escrutinio judicial. El Supremo dará trámite de audiencia a la Abogacía del Estado antes de decidir si suspende cautelarmente algún artículo.
Source: 20 Minutos / EFE
