
Delta Air Lines tomó una postura poco común en la saga del cierre gubernamental el 24 de marzo, anunciando que los miembros del Congreso ya no podrán evitar las filas estándar de la TSA mientras miles de trabajadores federales de aeropuertos no reciben su pago. Este cambio de política —que se reflejó primero en una actualización de la entrada “Cierres del gobierno federal de EE. UU. en 2026” en Wikipedia— implica que los legisladores y su personal deberán ahora esperar lo mismo que los pasajeros comunes en los aeropuertos donde opera Delta en EE. UU. La aerolínea explicó que la medida busca “resaltar el impacto real del estancamiento legislativo”, luego de que las ausencias entre los agentes de la TSA alcanzaran el 55 % en algunos aeropuertos. La decisión de Delta llega tras una creciente reacción negativa en redes sociales por imágenes de funcionarios electos usando carriles rápidos mientras viajeros de negocios perdían sus vuelos. En la práctica, el cambio es más simbólico —el privilegio congresional se aplicaba principalmente en Washington Reagan y Atlanta— pero refleja la frustración de la industria aérea. El grupo Airlines for America estima que las aerolíneas pierden 40 millones de dólares diarios en reprogramaciones, compensaciones y costos por ajustes en los horarios. Los programas de movilidad deben prever tiempos más largos en tránsito aéreo para cualquier personal con credenciales de escolta congresional (por ejemplo, equipos de lobby). En un sentido más amplio, este gesto indica que las aerolíneas estadounidenses podrían tomar medidas adicionales orientadas al consumidor —como publicar paneles en tiempo real con los tiempos de espera en los puntos de control— para presionar a Washington. Los viajeros deben estar atentos a las alertas de las aerolíneas y considerar tiempo extra hasta que se reanude la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.