
L’Humanité reveló el 25 de septiembre de 2026 que el Prefecto de Hauts-de-Seine presentó a los alcaldes locales un memorando confidencial que destaca un aumento del 52 % interanual en las expulsiones administrativas de migrantes indocumentados. El documento, obtenido por la asociación antirracista MRAP y compartido con el periódico, elogia la “colaboración estrecha con la policía municipal” y el uso de redadas nocturnas cerca del distrito empresarial de La Défense. Organizaciones de la sociedad civil condenaron el tono deshumanizador, señalando que muchos de los deportados tenían recursos en curso o estaban a la espera de regularización patrocinada por empleadores bajo las disposiciones francesas de “talento excepcional”. Abogados advierten que las expulsiones aceleradas aumentan el riesgo de errores procesales que pueden invalidar posteriormente las prohibiciones de reingreso, complicando la planificación de recursos humanos para empresas que dependen de mano de obra subcontratada. El Ministerio del Interior no negó las cifras, pero afirmó que reflejan una estrategia nacional para despejar un retraso de 34,000 órdenes de “obligación de abandonar el territorio francés” (OQTF). En la práctica, la ofensiva podría extenderse a prefecturas vecinas: los controles aleatorios de identidad en la estación Saint-Lazare aumentaron un 38 % la semana pasada, según datos proporcionados por el sindicato de la policía de transporte. Para los empleadores, el mensaje es claro: asegurar que todo el personal extranjero —incluidos becarios y trabajadores desplazados— lleve documentación de residencia válida en todo momento e iniciar los procesos de renovación al menos cuatro meses antes de su vencimiento. Las empresas que empleen a personas sin autorización se enfrentan a multas de hasta 15,000 € por trabajador y a la exclusión de contratos públicos. Los proveedores de servicios de reubicación deben prepararse para un aumento de la ansiedad entre los asignados y podrían ofrecer líneas legales de ayuda o sesiones informativas sobre los derechos laborales durante las inspecciones de identidad.
Fuente: L’Humanité / MRAP
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