
A la medianoche del 12 de junio de 2026, el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, largamente negociado, entró formalmente en vigor en los 27 estados miembros, incluida Francia. Este paquete integral, adoptado en 2024 pero con un periodo de implementación de dos años, redefine cada etapa del enfoque migratorio de la UE, desde la toma de huellas en la frontera externa hasta la redistribución de refugiados reconocidos entre los países miembros.
Para Francia, el cambio más inmediato es operativo. Todos los llegados irregulares por primera vez a las fronteras terrestres, aéreas o marítimas francesas deben ser registrados en el nuevo Sistema Biométrico de Entrada/Salida de la UE y sometidos a un control de seguridad y evaluación de vulnerabilidad de cinco días. Los casos con pocas probabilidades de obtener protección serán procesados rápidamente en las instalaciones fronterizas, mientras que los solicitantes con mayores posibilidades pasarán al procedimiento ordinario de asilo. El Ministerio del Interior ha redistribuido a 450 agentes fronterizos y ha abierto dos nuevos centros de evaluación en París-Charles-de-Gaulle y Menton para cumplir con los nuevos plazos.
En paralelo, Francia deberá contribuir al “mecanismo permanente de solidaridad” del Pacto, que obliga a cada estado miembro a aceptar una cuota de reubicación de solicitantes de asilo (Francia espera alrededor de 9,000 al año) o a aportar a un fondo europeo que apoya a países fronterizos como Grecia. El Senado francés, donde persiste el escepticismo sobre la redistribución obligatoria, debe decidir ahora si autoriza las reubicaciones o aprueba un pago anual de solidaridad que Bercy estima en 215 millones de euros.
Los grandes empleadores también están atentos al calendario. Las nuevas normas reducen el acceso al mercado laboral para solicitantes de asilo de nueve a seis meses, ofreciendo a las empresas una posible —aunque temporal— fuente de talento en sectores como la construcción o el cuidado de personas mayores. Los responsables de movilidad corporativa deben revisar los procesos de incorporación para asegurar que las autorizaciones de trabajo de seis meses se registren correctamente en los sistemas de recursos humanos y que la nómina cumpla con las estrictas obligaciones de reporte del Pacto. También deben anticipar mayores tiempos en los controles de identidad en puertos y aeropuertos este verano, mientras los agentes se familiarizan con los nuevos procedimientos biométricos.
Al armonizar los procedimientos e incorporar herramientas digitales de seguridad, Bruselas busca reducir los llamados movimientos secundarios y restaurar la confianza en el espacio Schengen antes del lanzamiento completo el próximo año del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Para Francia, el Pacto representa tanto una prueba logística como una oportunidad: el éxito permitiría a París argumentar que se pueden reducir las medidas nacionales de disuasión, mientras que un fracaso podría alimentar demandas de controles internos aún más estrictos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Para Francia, el cambio más inmediato es operativo. Todos los llegados irregulares por primera vez a las fronteras terrestres, aéreas o marítimas francesas deben ser registrados en el nuevo Sistema Biométrico de Entrada/Salida de la UE y sometidos a un control de seguridad y evaluación de vulnerabilidad de cinco días. Los casos con pocas probabilidades de obtener protección serán procesados rápidamente en las instalaciones fronterizas, mientras que los solicitantes con mayores posibilidades pasarán al procedimiento ordinario de asilo. El Ministerio del Interior ha redistribuido a 450 agentes fronterizos y ha abierto dos nuevos centros de evaluación en París-Charles-de-Gaulle y Menton para cumplir con los nuevos plazos.
En paralelo, Francia deberá contribuir al “mecanismo permanente de solidaridad” del Pacto, que obliga a cada estado miembro a aceptar una cuota de reubicación de solicitantes de asilo (Francia espera alrededor de 9,000 al año) o a aportar a un fondo europeo que apoya a países fronterizos como Grecia. El Senado francés, donde persiste el escepticismo sobre la redistribución obligatoria, debe decidir ahora si autoriza las reubicaciones o aprueba un pago anual de solidaridad que Bercy estima en 215 millones de euros.
Los grandes empleadores también están atentos al calendario. Las nuevas normas reducen el acceso al mercado laboral para solicitantes de asilo de nueve a seis meses, ofreciendo a las empresas una posible —aunque temporal— fuente de talento en sectores como la construcción o el cuidado de personas mayores. Los responsables de movilidad corporativa deben revisar los procesos de incorporación para asegurar que las autorizaciones de trabajo de seis meses se registren correctamente en los sistemas de recursos humanos y que la nómina cumpla con las estrictas obligaciones de reporte del Pacto. También deben anticipar mayores tiempos en los controles de identidad en puertos y aeropuertos este verano, mientras los agentes se familiarizan con los nuevos procedimientos biométricos.
Al armonizar los procedimientos e incorporar herramientas digitales de seguridad, Bruselas busca reducir los llamados movimientos secundarios y restaurar la confianza en el espacio Schengen antes del lanzamiento completo el próximo año del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Para Francia, el Pacto representa tanto una prueba logística como una oportunidad: el éxito permitiría a París argumentar que se pueden reducir las medidas nacionales de disuasión, mientras que un fracaso podría alimentar demandas de controles internos aún más estrictos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Fuente: Insight EU Monitoring
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