La cámara alta bloquea protección adicional para víctimas indocumentadas de violencia sexual

El 24 de septiembre de 2026, el Consejo de los Estados suizo (Ständerat) rechazó con 28 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones una moción del Consejo Nacional que prohibiría a la policía y a los fiscales denunciar a migrantes irregulares que se presenten para denunciar delitos sexuales. La propuesta, presentada por la diputada socialista Jessica Jaccoud, argumentaba que el miedo a la deportación disuade a las víctimas de buscar justicia y permite que los agresores actúen con impunidad. La mayoría del comité de asuntos legales sostuvo que el Código Penal no era el lugar adecuado para abordar el problema y que cualquier exención de los procedimientos de expulsión debería gestionarse dentro de la legislación migratoria. También se rechazó un intento de extender la protección a *todas* las víctimas de delitos indocumentadas, no solo a mujeres. El ministro de Justicia, Beat Jans, manifestó el apoyo del gobierno a la idea, recordando las obligaciones de Suiza bajo la Convención de Estambul, pero no contó con los votos suficientes en la cámara. ONG como Solidarité sans Frontières señalan que la decisión deja una zona gris legal: las fuerzas policiales cantonales tienen discrecionalidad y las prácticas varían mucho, especialmente en regiones fronterizas como Ginebra y Basilea. Para los empleadores, el fallo mantiene el statu quo. Las empresas que detecten residencia irregular durante investigaciones internas deben seguir sopesando sus obligaciones de cumplimiento frente a la posible obstrucción de la justicia. Los asesores legales recomiendan usar canales de denuncia anónimos y derivar a las víctimas a ONG especializadas que pueden negociar permisos de estancia temporales caso por caso. Los observadores esperan que el tema resurja cuando el Parlamento debata la próxima reforma de la Ley de Extranjería e Integración (LEI) a principios de 2027.