Cláusula retroactiva en nueva ley podría anular miles de solicitudes de refugio pendientes desde hace mucho tiempo

Defensores alertan tras informes en redes sociales del 28 de marzo que destacan una disposición poco conocida del proyecto de ley C-12, que prohíbe la derivación de solicitudes de asilo presentadas más de un año después de la primera llegada del solicitante a Canadá, con efecto retroactivo desde junio de 2020. El Consejo Canadiense para los Refugiados estima que esta cláusula podría cerrar de manera sumaria hasta 9,000 expedientes que actualmente esperan audiencias en la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB). Bajo las normas vigentes, las solicitudes tardías aún eran admisibles si el solicitante demostraba un cambio en las circunstancias o una explicación convincente. La nueva redacción elimina esa discreción, ordenando a IRCC rechazar la derivación sin considerar los méritos individuales. Abogados de refugiados advierten que los clientes que ingresaron con permisos de estudio o trabajo y luego buscaron protección son los más vulnerables. Funcionarios gubernamentales argumentan que la enmienda disuadirá el “turismo de asilo” y alineará a Canadá con jurisdicciones similares que imponen plazos estrictos para presentar solicitudes. Sin embargo, críticos sostienen que los retrasos por la pandemia y las restricciones de viaje dejaron a muchos posibles solicitantes en un limbo legal, haciendo que la prohibición retroactiva sea injusta y potencialmente inconstitucional. Varias firmas de abogados de interés público preparan impugnaciones basadas en la Carta; mientras tanto, instan a los afectados a buscar asesoría legal de inmediato. Para empleadores, especialmente universidades y empresas tecnológicas que patrocinan talento internacional, esta medida podría generar complejidades inesperadas en recursos humanos si empleados o estudiantes cambian de estatus temporal a solicitudes de protección que ahora están en riesgo. Las empresas deberían consultar con abogados de inmigración para entender posibles obligaciones de acomodación si un empleado pierde repentinamente su estatus legal. La IRB ha declinado comentar hasta recibir directivas operativas formales de IRCC, previstas para la próxima semana. Se anticipa un aumento en solicitudes de acceso a la información mientras grupos de defensa buscan datos sobre cuántos casos serán cancelados y qué nacionalidades resultarán más afectadas.