Nuevas normas de asilo generan 30,000 cartas de equidad procesal tras la entrada en vigor del proyecto de ley C-12

Apenas tres semanas después de recibir la Sanción Real, la Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá (Proyecto de Ley C-12) está transformando la protección de refugiados. Según informa Immigration News Canada, a partir del 12 de abril, IRCC comenzó a enviar cartas de equidad procesal a unos 30,000 solicitantes de asilo cuyas reclamaciones podrían ya no calificar para una audiencia completa ante la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB). El Proyecto de Ley C-12 prohíbe audiencias para dos grupos amplios: personas que presentan sus solicitudes más de un año después de entrar a Canadá y quienes cruzan la frontera de manera irregular y esperan más de 14 días para solicitar asilo. Ambas reglas se aplican retroactivamente a entradas desde el 24 de junio de 2020. Los solicitantes considerados inelegibles deben solicitar en su lugar una Evaluación de Riesgo Previa a la Deportación (PRRA). Abogados de inmigración advierten que las tasas de aprobación de PRRA son inferiores al 5%, en comparación con aproximadamente el 60% en audiencias completas ante la IRB. También señalan que las cartas enviadas a nacionales de países como Afganistán, Irán y Sudán les indican que deben abandonar Canadá, a pesar de que actualmente existen moratorias de deportación hacia esos destinos. Las empresas que emplean a trabajadores en categoría de refugiados en sectores como procesamiento de alimentos, construcción y cuidado a largo plazo corren el riesgo de enfrentar escasez repentina de mano de obra si el personal afectado pierde la autorización para trabajar. Los equipos de movilidad corporativa deberían auditar su fuerza laboral, identificar a empleados con permisos de trabajo vinculados a solicitudes de asilo y preparar planes de contingencia, incluyendo posibles solicitudes de Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA) o aplicaciones humanitarias. La comunidad legal anticipa desafíos constitucionales y un aumento en las revisiones judiciales ante la Corte Federal. Hasta que la jurisprudencia se estabilice, tanto empleadores como solicitantes enfrentan un panorama de cumplimiento incierto, por lo que es fundamental contar con asesoría legal oportuna.