El retraso en las apelaciones de asilo se dispara a 69,000 casos, superando la cola de decisiones iniciales

Las estadísticas oficiales del tribunal publicadas el 12 de diciembre revelan que el número de apelaciones pendientes de asilo en el Reino Unido casi se ha duplicado en un año, pasando de 34,234 a 69,670 casos. Esto significa que ahora hay más personas esperando que un juez revise las denegaciones del Ministerio del Interior que las que esperan una decisión inicial, un giro sin precedentes impulsado por objetivos de productividad que han acelerado las decisiones de primera instancia sin una inversión equivalente en los tribunales.

El retraso afecta a aproximadamente 90,000 personas, la mayoría de las cuales siguen teniendo derecho a alojamiento y subsidios financiados por los contribuyentes mientras esperan. El uso de hoteles ha vuelto a aumentar, alcanzando los 36,273 residentes, una noticia poco favorable para los ministros que prometieron acabar con el alojamiento en hoteles para mediados de 2024. Cada mes adicional en esta situación de incertidumbre le cuesta al Ministerio del Interior unos 11 millones de libras.



Para los empleadores, el atasco en el proceso tiene un impacto más sutil pero significativo. Las empresas que desean contratar a solicitantes de asilo una vez que obtienen el estatus de protección, o que se ven obligadas a suspender al personal cuyos casos son rechazados, enfrentan una incertidumbre prolongada. En sectores como el cuidado social, donde la escasez de mano de obra es grave, esto se traduce en mayores costos de reclutamiento y retrasos en los proyectos. Las Cámaras de Comercio Británicas reiteraron su llamado a un esquema de permisos de trabajo temporales para los solicitantes cuyas apelaciones superen los 12 meses, argumentando que esto reduciría los gastos en hoteles y ampliaría la fuerza laboral.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, respondió comprometiéndose a una reforma “de una sola vez” a principios de 2026: apelaciones solo por escrito, límites estrictos en la extensión de los documentos legales y una nueva Autoridad Independiente de Revisión de Asilo dentro del Ministerio del Interior para absorber los primeros 15,000 casos pendientes. Los abogados advierten que limitar las audiencias orales podría simplemente trasladar los conflictos a revisiones judiciales, perpetuando los retrasos. Por ello, las multinacionales que trasladan personal desde regiones afectadas por conflictos deberían planificar plazos más largos para los casos y considerar alternativas de permiso humanitario cuando estén disponibles.