La Cámara avanza rápidamente con una prórroga de ocho semanas del DHS que restaura el financiamiento completo para la seguridad fronteriza, dejando al Senado en un limbo durante el receso.

Washington, D.C. – En una inusual votación de sábado por la mañana, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una resolución continua de ocho semanas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 22 de mayo, incluyendo presupuestos completos para Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Protección Aduanera y Fronteriza (CBP). La votación fue de 213 a 203, apenas 24 horas después de que el Senado, ansioso por poner fin al cierre récord del DHS, aprobara por unanimidad su propio proyecto de ley que habría financiado el departamento hasta el 30 de septiembre, **pero deliberadamente excluyendo fondos para ICE y CBP**. El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), calificó el proyecto del Senado como “una broma”, argumentando que cualquier paquete sin un financiamiento sólido para la seguridad fronteriza estaría condenado desde el inicio en la Cámara baja. Su versión contó con el apoyo de todos los republicanos y tres demócratas de estados fronterizos, pero de inmediato chocó con un obstáculo procedimental: el Senado se fue de receso el viernes por dos semanas. A menos que el líder de la mayoría, John Thune, convoque a los senadores para una sesión de emergencia, el DHS seguirá sin financiamiento y decenas de miles de empleados —desde agentes de la TSA hasta funcionarios de inmigración— continuarán trabajando sin salario. Para los actores de la movilidad global, la diferencia entre ambos proyectos es crucial. Los equipos de capital humano esperaban que el texto del Senado al menos reabriera las unidades de procesamiento prioritario de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y restaurara las horas extra en los consulados. El proyecto de la Cámara hace eso **y además** reactiva la aplicación de la ley en el lugar de trabajo y en el interior del país, lo que significa que los empleadores podrían enfrentar nuevamente auditorías I-9 e inspecciones laborales tan pronto como el presidente lo firme. Sin embargo, hasta que ambas cámaras no concilien sus textos, ninguno de estos servicios se reanudará. Mientras tanto, los aeropuertos siguen en modo de emergencia. El grupo industrial A4A instó al Senado a regresar, advirtiendo sobre un “riesgo sistémico” para el periodo de viajes de primavera más concurrido en cuatro años. Grandes corporaciones presionan a ambos partidos: una carta liderada por Business Roundtable y firmada por más de 120 CEOs señaló que el cierre “impone costos inmediatos a la fluidez de la cadena de suministro, la movilidad ejecutiva y la competitividad global de Estados Unidos”. Ahora la confrontación legislativa se centra en si el Senado cederá primero. Asistentes aseguran que hay conversaciones informales durante el receso, pero con los viajes ya programados por las vacaciones de Semana Santa, pocos esperan que los senadores regresen a Washington antes del miércoles, como mínimo. Hasta entonces, los profesionales de la movilidad deben seguir lidiando con un aparato de seguridad nacional parcialmente paralizado, equilibrando el caos en las filas de seguridad en los viajes con las peticiones detenidas y la incertidumbre en el cumplimiento migratorio.