El ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, reveló en una entrevista publicada esta mañana que una coalición de cinco países de la UE – Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos – planea lanzar un programa piloto para transferir a migrantes cuyos solicitudes de asilo hayan sido rechazadas de forma definitiva a países “socios” fuera de la Unión Europea. Según Plevris, Ruanda encabeza la lista de candidatos, con Uganda y Uzbekistán también en consideración. El grupo espera que las primeras transferencias estén operativas para mediados de 2027, coincidiendo con la próxima presidencia griega del Consejo de la UE.
Para Austria, esta iniciativa es una extensión de su histórica apuesta por políticas de retorno más estrictas. El ministro del Interior, Gerhard Karner, ha pedido en repetidas ocasiones “consecuencias reales” cuando las solicitudes de asilo fracasan, argumentando que la baja tasa actual de retornos (alrededor del 30 % en 2025-26) incentiva la migración irregular. Viena ya financia vuelos chárter para devoluciones forzosas y tiene acuerdos bilaterales de readmisión con varios países de los Balcanes occidentales; participar en un esquema de externalización a nivel europeo supondría una escalada significativa.
![Austria se une al ‘Grupo Central’ de cinco países que planea reubicar a solicitantes de asilo rechazados en terceros países]()
Las empresas que dependen del talento de terceros países deben seguir esta iniciativa de cerca. Aunque el piloto se dirige a solicitantes rechazados, las ONG de derechos humanos advierten que el impulso político podría extenderse a los canales legales de migración laboral si el debate público confunde asilo con migración laboral. Por ello, los equipos de movilidad corporativa podrían necesitar reforzar la información para el personal no comunitario sobre sus derechos y la diferencia entre permisos de trabajo (por ejemplo, la tarjeta Rot-Weiß-Rot de Austria) y los procedimientos de asilo.
Los obstáculos legales siguen siendo considerables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no ha dictaminado si enviar migrantes a un tercer país sin perspectivas de reasentamiento en la UE cumple con la Convención. Además, el grupo debe negociar mecanismos de supervisión con ACNUR y la OIM para garantizar un trato humano. La financiación es otra cuestión pendiente; Plevris indicó que los cinco estados asumirán los costos iniciales, pero buscan cofinanciación eventual de la UE.
Si el piloto avanza, las empresas que trasladen personal entre Austria y los otros países del grupo central podrían enfrentarse a controles más estrictos de datos de pasajeros y verificaciones previas al embarque, mientras las autoridades intentan detectar a solicitantes de asilo rechazados antes de la salida. Los gestores de viajes deben coordinarse con las aerolíneas sobre posibles nuevos requisitos de información anticipada de pasajeros y estar atentos a las futuras directrices de la Comisión Europea.
Para Austria, esta iniciativa es una extensión de su histórica apuesta por políticas de retorno más estrictas. El ministro del Interior, Gerhard Karner, ha pedido en repetidas ocasiones “consecuencias reales” cuando las solicitudes de asilo fracasan, argumentando que la baja tasa actual de retornos (alrededor del 30 % en 2025-26) incentiva la migración irregular. Viena ya financia vuelos chárter para devoluciones forzosas y tiene acuerdos bilaterales de readmisión con varios países de los Balcanes occidentales; participar en un esquema de externalización a nivel europeo supondría una escalada significativa.
Las empresas que dependen del talento de terceros países deben seguir esta iniciativa de cerca. Aunque el piloto se dirige a solicitantes rechazados, las ONG de derechos humanos advierten que el impulso político podría extenderse a los canales legales de migración laboral si el debate público confunde asilo con migración laboral. Por ello, los equipos de movilidad corporativa podrían necesitar reforzar la información para el personal no comunitario sobre sus derechos y la diferencia entre permisos de trabajo (por ejemplo, la tarjeta Rot-Weiß-Rot de Austria) y los procedimientos de asilo.
Los obstáculos legales siguen siendo considerables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no ha dictaminado si enviar migrantes a un tercer país sin perspectivas de reasentamiento en la UE cumple con la Convención. Además, el grupo debe negociar mecanismos de supervisión con ACNUR y la OIM para garantizar un trato humano. La financiación es otra cuestión pendiente; Plevris indicó que los cinco estados asumirán los costos iniciales, pero buscan cofinanciación eventual de la UE.
Si el piloto avanza, las empresas que trasladen personal entre Austria y los otros países del grupo central podrían enfrentarse a controles más estrictos de datos de pasajeros y verificaciones previas al embarque, mientras las autoridades intentan detectar a solicitantes de asilo rechazados antes de la salida. Los gestores de viajes deben coordinarse con las aerolíneas sobre posibles nuevos requisitos de información anticipada de pasajeros y estar atentos a las futuras directrices de la Comisión Europea.
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