Entra en vigor el Decreto Nº 841 de China, que otorga a las autoridades amplios poderes para imponer prohibiciones de salida a personal vinculado a la tecnología

Las tan esperadas Regulaciones sobre la Administración de Entrada y Salida de China (Decreto No. 841 del Consejo de Estado) entraron en vigor silenciosamente el 15 de septiembre, pero sus implicaciones comerciales han cobrado gran relevancia en las últimas 24 horas, a medida que los asesores legales analizan el texto de 19 artículos. Una alerta para clientes de Brownstein, publicada a última hora del 17 de septiembre, señala que, por primera vez, los reguladores chinos cuentan con una base legal explícita para impedir que ciudadanos salgan del país si su conducta en el extranjero "puede poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica nacional", un criterio indefinido y potencialmente abierto.

El decreto también establece una prohibición de entrada de uno a cinco años para extranjeros vinculados a empresas que figuren en las crecientes listas chinas de contramedidas o “entidades no confiables”, vinculando directamente las sanciones corporativas con la movilidad individual. Los artículos 7 a 10 introducen un régimen obligatorio de registro para cualquier empresa que ofrezca servicios de inmigración o reubicación dentro de China y prohíben categóricamente que intermediarios de propiedad extranjera operen en este sector.



Para las multinacionales, este nuevo marco eleva la movilidad del personal de una función de recursos humanos a un asunto de cumplimiento normativo. Los equipos de control de exportaciones, I+D y cadena de suministro son ahora posibles objetivos de prohibiciones de salida, mientras que ejecutivos vinculados, incluso de forma tangencial, a entidades listadas podrían ser rechazados en la entrada al país. La alerta recomienda mapear de inmediato los riesgos para viajeros con destino a China, revisar los procedimientos de cartas de invitación y confirmar que los proveedores locales de reubicación estén registrados ante las autoridades provinciales de inmigración.

Aunque Pekín sostiene que la regulación protege la seguridad nacional, los críticos advierten que sus criterios vagos otorgan a los funcionarios una amplia discrecionalidad. Grupos de derechos humanos temen que esta medida pueda normalizar el uso de restricciones de movilidad como herramienta de presión comercial, mientras que abogados especializados en comercio señalan que el artículo 4 no establece un límite máximo para las prohibiciones de salida relacionadas con el control de exportaciones. Las empresas activas en semiconductores, inteligencia artificial, aviación y manufactura avanzada son consideradas especialmente vulnerables.

En la práctica, se insta a las compañías a elaborar planes de contingencia: mantener negociaciones críticas fuera de China, proporcionar a los viajeros dispositivos “limpios” y contemplar escenarios de prohibición de salida en sus manuales de continuidad de negocio. Con la próxima cumbre de líderes entre EE. UU. y China, que se espera ponga el foco en la competencia tecnológica, la probabilidad de que la movilidad se utilice como herramienta política solo aumentará.